Harta de esperar, fue a la Justicia y logró que Telecom le pagara.

Después de varios meses de pedir por una línea telefónica, una ciudadana entrerriana consiguió que la empresa se la instalara e inclusive la indemnizara por la demora.

Un tribunal de Gualeguaychú confirmó una sentencia por la cual se condenó a la empresa Telecom a indemnizar a una clienta por las demoras en la instalación de una línea telefónica en su domicilio. El fallo obliga a la prestadora del servicio público a abonarle a la mujer $10.000 en concepto de multa civil y $15.000 por daño moral.

La historia tiene como protagonista a una mujer y su familia que vive en una casa alejada del centro de la ciudad. En octubre de 2013 pidió a la empresa Telecom la instalación de una línea de teléfono en su domicilio. Aunque no lo declaró a la empresa, la necesitaba para colocar un sistema de alarma con monitoreo que la ponga a resguardo de los altos índices de robos que había en el barrio por aquel tiempo.
La empresa prestadora del servicio público se comprometió a instalar la línea en un plazo de quince días. Pero no lo hizo. Hasta febrero de 2014 hubo una seguidilla de intimaciones epistolares y reclamos por vía telefónica que la empresa contestó con de manera diferente y contradictoria en cada caso.

En rigor, en diciembre un operario de Telecom se presentó en el domicilio para extender un cable previo a la instalación y una operadora de la empresa explicó a la clienta que el servicio sería cobrado con la factura relativa al primer mes de consumo.

Pero pasaba el tiempo y la mujer seguía sin tener su línea. El reclamo siguió por la vía de una carta documento que la empresa no contestó, lo que dio curso a un reclamo ante la oficina municipal de defensa al consumidor, donde fracasaron las audiencias conciliatorias. Sin embargo, allí quedó asentado que efectivamente existía un trámite de pedido de instalación de la línea, la empresa admitió demoras técnicas del sector de instalación y, en definitiva, terminó admitiendo el incumplimiento.

Pero el tiempo siguió pasando y la mujer no tenía su línea. Ya en julio de 2014 se comunicó nuevamente con el número telefónico de reclamos y recibió como respuesta que la empresa había dado de baja a su pedido por el tiempo transcurrido y ante la imposibilidad de instalar la línea solicitada. Entonces la mujer formuló una queja ante la empresa y al mes siguiente se presentó en los tribunales. Recién entonces la mujer pudo acceder al servicio telefónico.
Imprescindible. La sentencia dictada por un juez de primera instancia fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú respecto de la condena a la empresa Telecom para que instale una línea telefónica e impuso además el pago de una multa e indemnización por el daño moral que sufrió la usuaria.

Al momento de dictar sentencia, los jueces tuvieron en cuenta los preceptos de la Ley de Defensa del Consumidor. Si bien aclararon que al día de hoy la línea reclamada ya fue instalada y se encuentra funcionando, la empresa incumplió la normativa. “Si bien no hay respuestas unívocas sobre el lapso temporal respectivo, no hay dudas en que no se trata de una potestad discrecional de las prestatarias”, señalaron los jueces Ana Clara Pauletti y Guillermo Delrieux (Gustavo Britos se abstuvo de votar).

Tribunales provinciales, basados en información de la Comisión Nacional de Comunicaciones, han considerado que el tiempo de espera de una solicitud a una empresa de servicios públicos no puede superar los 90 días, lapso que “se encontraba vencido al tiempo del reclamo administrativo y mucho más del inicio del juicio”. Entonces, para los jueces, “es claro que pesaba sobre Telecom una obligación de origen legal que fue incumplida sin justificación” y, más aun, “en ningún momento explicitó los motivos de su falta de servicio tempestivo”.

El tribunal señaló advirtió además que “el interesado continuó abonando el mantenimiento de la línea” mientras realizaba los reclamos a la empresa, al tiempo que cuestionaron que Telecom “respondió evasivamente, sin satisfacer su obligación de información al cliente mostrando un claro incumplimiento de los deberes que la empresa tiene asignados”.

En la consideración de los magistrados, el incumplimiento le generó a la clienta un daño, “al privarla de un servicio público del que en la actualidad no puede prescindirse, máxime cuando está ligado a la vigilancia y seguridad de la vivienda emplazada en un sector de la ciudad que registra frecuencia de actos de delincuencia”.

Fuente: El Diario

http://www.elentrerios.com

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