Muertes por cáncer en Salto Grande: duro cruce de cartas documento.

Familiares de una de las víctimas amenazan con demandar a CTM por “ocultamiento deliberado y homicidio”. La represa rechaza la acusación por “maliciosa”, “falaz” y “extorsiva”. Un convenio: la clave.

Hay un antes y un después del momento en que un hijo de una ya fallecida empleada de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se atreviera a hurgar, en medio de una mudanza, en los documentos guardados por su madre dentro de una caja.

El papel que encontró -aseguran sus abogados, encabezados por el Dr. Julio Federik- es un convenio indemnizatorio, de abril del año 2009, en el que es explícitamente admitido el daño que en la salud de la empleada provocó la exposición al asbesto.

De confirmarse semejante reconocimiento de culpas, ello originaría una catarata de juicios que iniciarían familiares de decenas de empleados fallecidos por cáncer, dando paso a lo que amenaza con convertirse en una mega causa judicial, tal vez la más grave que deba afrontar el organismo argentino – uruguayo en toda su historia.

¿Miente la conducción de Salto Grande?

Aunque no hubo declaraciones oficiales al respecto, Salto Grande dejó trascender que tal documento “no existe”. “Jamás pudo CTM haber reconocido que la exposición al asbesto haya causado la enfermedad de una empleada”, aseguró un funcionario de la represa, que sólo off de record aceptó hablar con El Entre Ríos.

La misma fuente hizo llegar una hoja del convenio de “distracto laboral por mutuo acuerdo” entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la empleada en cuestión, firmado el 27 de abril de 2009. En efecto, si el documento tuviera sólo esa hoja, queda claro que en ninguna parte es mencionado el “daño a la salud por exposición al asbesto”.

Pero los letrados que representan a la familia de la ex integrante del personal de CTM exhiben una segunda hoja, que haría las veces de anexo del convenio en cuestión, donde son detallados los “Conceptos de indemnización por daño en la salud”. En el punto 3, dice: “Suma compensatoria por los daños en la salud causados como consecuencia del trabajo continuo y permanente durante el transcurso de toda la relación laboral en edificio construido con ASBESTO” (las mayúsculas están en el documento).

Ocultamiento deliberado y homicidio

El intercambio de cartas documentos entre los abogados que representan a la familia de la ex empleada y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande preanuncia que las diferencias entre las partes son insalvables y no quedará otra que verse en los tribunales.

En la misiva firmada por el Dr. Julio Federik, se afirma sin titubeos que “la documentación encontrada prueba fehacientemente que Ustedes (la CTM) tuvieron y tienen pleno conocimiento del hecho de la contaminación a sus empleados, directivos y toda persona que estuvo expuesta de manera continua en el lugar, lo que determina que han OCULTADO DELIBERADAMENTE este hecho de contaminación, suscribiendo un convenio de desvinculación notoriamente NULO ya que el mismo violentó el orden público laboral, siendo un contrato que encubrió la verdadera intención de Ustedes, lo que redundó claramente en un trato discriminatorio hacia la empleada, el que seguramente le fue arrancada con ligereza por su estado de necesidad y grave dolencia de salud”.

Además de reclamar una millonaria suma en concepto de daño moral, los abogados de la ex empleada hacen reserva “en caso de incumplimiento de efectuar la denuncia penal correspondiente a fin de que se investiguen los presuntos delitos de homicidio y lesiones en comisión por omisión, responsabilidad derivada de la posición de garante respecto de los dependientes de la represa en virtud de la relación contractual – laboral que los vinculaba”.

La respuesta de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande lleva la firma de su apoderada, Sara Inés Chapado, y su breve mensaje no sólo niega los cargos con extrema firmeza sino que contraataca profiriendo durísimas acusaciones contra los autores de la carta documento firmada por el Dr. Federik.

En efecto, Chapado “rechaza” la carta documento “en todas y cada una de sus partes por ser totalmente improcedente, maliciosa y falaz”. Y enseguida “niega y desconoce en forma rotunda y categóricamente los hechos y términos allí vertidos por ser los mismos de carácter extorsivo y coactivos, pretendiendo un enriquecimiento ilícito y constituyendo los mismos figuras delictivas previstas por nuestro Código Penal. Motivos por los cuales los denunciará por ante la Justicia en lo Criminal”.

Cómo continuará la historia

En declaraciones a Oíd Mortales Radio, el Doctor Julio Federik adelantó la firme determinación de llevar a juicio el reclamo de sus representados, aunque prefirió no revelar detalles de cuál sería su estrategia judicial.

Tal como fuera reflejado en una columna de opinión firmada por Osvaldo Bodean en El Entre Ríos, “chocará ante una dificultad no menor: la inmunidad de jurisdicción que ostenta la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”.

“En lo jurídico, la CTM no es ni el Estado uruguayo ni el Estado argentino. Es algo así como un tercer Estado, que a los fines de dirimir conflictos cuenta con un foro especial, exclusivo: el Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande”.

¿Recurrirá Federik a ese tribunal extraordinario para la presentación de la denuncia contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande o preferirá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundándose en preceptos constitucionales? ¿Cabe la posibilidad de que explore algún otro camino intermedio o incluso apueste a un tribunal de carácter internacional?

Como fuere, todo lleva a suponer que las cartas documento han sido sólo el primer eslabón de una larga historia de final impredecible.

No hay dudas de que el asbesto provoca cáncer

“A fines de los años 70, la Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor de EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) prohibió el uso del asbesto en los compuestos para la reparación de tablaroca o cartón-yeso y en chimeneas de gas porque las fibras de estos productos podían escaparse al ambiente durante el uso”, revela el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

En 1989, la Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), prohibió todo uso nuevo de este material.

En Argentina, su uso fue prohibido en el ámbito nacional a través de las resoluciones 845/00 y 823/01 del Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: http://www.elentrerios.com

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Política y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s