En la mira de la Justicia por meter mano a los fondos públicos.

El director de Vialidad provincial fue denunciado penalmente por dos diputados provinciales, por supuestos manejos irregulares en la administración del dinero. En la presentación, enumeraron una serie de hechos que piden sean investigados.

La demanda fue promovida por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. Entre la prueba ofrecida para abrir la causa se adjuntaron tres páginas de una investigación publicada por la revista ANÁLISIS en julio de 2015.

“Ese funcionario público habría incurrido en la comisión de conductas que evidenciarían una confusión entre el patrimonio público que administra y el patrimonio que podría disponer con fines privados. Tales actividades en general se vincularían a la promoción y/o exaltación de la personalidad del propio funcionario, presuntamente relacionados con la disputa política en la fuerza política oficialista”, advirtieron los legisladores.

En julio de este año, el periodista Jorge Riani dio a conocer supuestos manejos irregulares de dinero público por parte del titular de Vialidad provincial, Jorge Rodríguez. La nota inquietó a los diputados provinciales Bargagna y Monge, quienes a través de los representantes legales Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, acaban de presentar una denuncia penal a la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

En la demanda dirigida a Jorge García, máximo representante del Ministerio Público Fiscal, los diputados enumeran una serie de hechos que piden sean investigados judicialmente. Uno de los escollos a ser dilucidado por la Justicia está en la supuesta utilización de dinero de Vialidad para construir aulas de la Escuela “Heraclia Ruiz Díaz”. “Tales obras habrían sido llevadas a cabo sin la correspondiente licitación pública”, advirtieron en la denuncia.

Por otro lado, se pidió una pesquisa sobre la administración de un sitio digital de la Dirección Provincial de Vialidad, denominado “Gestión Entrerriana”, el que se utilizaría como medio de difusión para la campaña política.

Pero esos no son los únicos hechos que se denuncian. También se hizo una campaña solidaria para ayudar a la comunidad indígena de Chaco, pero no se conocer si lo recaudado llegó a los verdaderos beneficiarios. “Junto al Arzobispado, parroquias y escuelas de Paraná habría llevado adelante una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable -actitud muy loable, por cierto, y que todos compartimos, salvo por el modo como se habría concretado-, que genera sospechas incluso de que tampoco habría llegado a los eventuales beneficiarios”, se indica en la demanda.

En la denuncia presentada al procurador Jorge García, se ofrecieron pruebas y se pidió que se libre oficio a varios organismos como el Tribunal de Cuentas de la provincia. Por último, se solicitó que los “presuntos hechos y actos sean encuadrados en tipos penales de Delitos contra la Administración Pública”.

Fragmentos de la demanda

II.- Hechos

Al iniciarse el presente período constitucional (2011-2015) el Director Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Ingeniero Rodríguez-que ya venía desempeñando en el período gubernativo anterior- investido de la potestad de gobierno de la Dirección Provincial de Vialidad en virtud de lo establecido en el art. 2 de la Ley Nº 2.936, habría realizado actos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

En efecto, como se apreciará seguidamente, ese funcionario público habría incurrido en la comisión de conductas que evidenciarían una confusión entre el patrimonio público que administra y el patrimonio que podría disponer con fines privados. Tales actividades en general se vincularían a la promoción y/o exaltación de la personalidad del propio funcionario, presuntamente relacionados con la disputa política en la fuerza política oficialista.

I .- Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz”

Sin que haya existido la necesaria y obligatoria previsión presupuestaria al efecto, el Director Administrador habría utilizado dinero y/o servicios pagados por la administración pública para 1) la puesta en funcionamiento de lo que en la actualidad es la Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz” mediante la construcción de tres aulas y colocación de mobiliario en predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en calle Brasil Nº 1050 de Paraná, desocupado al efecto por su Dirección de Mantenimiento y Suministro, 2) la colocación de mobiliario y 3) para el pago del personal de la citada escuela.

La titularidad de la referida institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural “Los viales”, cuya comisión directiva preside el propio Director Administrador de la D.P.V. e integran varios funcionarios del ente público -entre otros, el Director de Mantenimiento y Suministro Néstor A. Kemerer- aunque la constitución de tal persona jurídica es inclusive posterior al comienzo de los trabajos de la escuela.

Cabe decir que tales obras habrían sido llevadas a cabo sin la correspondiente licitación pública.

Es decir, sin tener competencia legal ni autorización presupuestaria y sin que se hayan cumplido los requisitos para la contratación pública, se instituyó una escuela perteneciente a una Asociación Civil presidida por el funcionario de la D.P.V. con caudales y efectos de la administración.

II.- Gestión Entrerriana

Que el responsable de la D.P.V. habría habilitado una oficina o “departamento de Gestión Social”, desde el cual se habrían desarrollado actividades ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad y realizando gastos no enmarcados en el presupuesto poniendo la estructura administrativa de la D.P.V. al servicio de la promoción personal del Director Administrador en particular, y del oficialismo provincial en general.

El referido departamento de gestión social es conocido por “Gestión Entrerriana”, tanto por ser este el nombre del “sitio informativo del departamento de gestión social de la D.P.V.”, como se describe en el sitio web cuya dirección es http://gestionentrerriana.com.ar/ como por las propias referencias en la oficina ocupada por el supuesto “departamento”.

“Gestión Entrerriana” era hasta el año 2013 un portal digital gestionado por la Lic. Gisela Soledad Jacobi, usualmente con pauta publicitaria de la D.P.V. En los primeros meses del 2014 el Director Administrador habría habilitado una oficina en el entrepiso del edificio central del ente (Avda. Francisco Ramírez Nº 2197 de Paraná) donde habría comenzado a funcionar como servicio de prensa y organización de actividades destinadas a la promoción y exaltación de la persona del Director Administrador. Posteriormente éste área irregular creció en recursos asignados hasta ubicarse en el primer piso del edificio central de la D.P.V.

El departamento de Gestión Social de la D.P.V. cuenta con un sitio web informativo (http://gestionentrerriana.com.ar/) y un perfil en la red social Facebook (https://www.facebook.com/GestionEntrerriana?fref=ts). Del simple recorrido de esta última surge la verosimilitud de la probabilidad de utilización de la estructura administrativa para fines extraños a la misma.

Dado el momento electoral que atraviesa la Provincia, aparece el hecho como un acto de campaña del partido gobernante, puesto que se trata de su fórmula gubernativa, y en todo caso, no hay razón funcional para la presencia del presidente municipal de Concordia en el acceso a la localidad de Hernandarias.

Las publicaciones evidencian actuación al margen de la orgánica administrativa, gastos que difícilmente hayan sido presupuestados en el presupuesto público, ya que no corresponden a gastos propios de la gestión pública del Estado.

De manera tal que la disposición de los fondos para el pago de estos gastos podría constituir sustracción de recursos patrimoniales y financieros de la administración para gastos que implicarían el cumplimiento de finalidades particulares del Director Administrador de la D.P.V.

Cabe también el reproche ético al estarse ante la clara apropiación simbólica del Estado para fines extraños a sus fines, al utilizarse un sitio web de una institución perteneciente a una entidad estatal para la difusión y/o promoción proselitista de candidatos. Tal utilización simbólica del Estado para fines y beneficios particulares podría encuadrar en actos atrapados por el tipo penal del art. 261 del Código Penal.-

III.- Asistencia social en la provincia del Chaco

Que a fines del mes de junio y comienzos del mes de julio de 2014 la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, cuya competencia y funciones se encuentran establecidas en la Ley provincial Nº 2.936 y en modo alguno habilitan a la asistencia social en territorio de otra provincia -ni por cierto, tampoco en esta- organizó una campaña solidaria para las comunidades Wichi del “impenetrable” chaqueño, en la referida provincia. Conforme es público y notorio, pudiendo constatarse de la simple lectura de la información contenida en http://www.dpver.gov.ar/?p=6705.

De modo que la D.P.V. ?”junto al Arzobispado, parroquias y escuelas de Paraná” habría llevado adelante una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable, -actitud muy loable, por cierto, y que todos compartimos, salvo por el modo como se habría concretado-, que genera sospechas incluso de que tampoco habría llegado a los eventuales “beneficiarios”.

Lo explicamos a continuación

De la información brindada por la propia Dirección Provincial de Vialidad, dicho ente público “brindó sus recursos para recolectar las donaciones y para trasladarlas hacia el Impenetrable.

Se trata sin duda de un fin que, para concretarse con fondos públicos, debería haber tenido la debida autorización presupuestaria.

Sin embargo, parecería que esto no existió y que el Director habría dispuesto para ello de fondos públicos para fines distintos que los establecidos en el presupuesto de gastos de la provincia para el año 2014.

Entre las erogaciones que implican acciones encuadradas en la figura del art. 261 del Código Penal, merece destacarse los viáticos pagados a los agentes públicos de la D.P.V. durante el curso de su viaje solidario.

Existe pues un deber del Ministerio Público Fiscal de investigar estos hechos denunciados, en el claro entendimiento que no sólo hay malversación de los caudales y efectos públicos sino de la propia estructura estatal, la que aparece identificada con la persona de un funcionario y con determinada facción política, en clara violencia a la forma republicana de gobierno establecida en el art. 1 de la Constitución Nacional.

Fuente: Análisis Digital

http://www.elentrerios.com

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