Quedó expuesta la Justicia entrerriana.

El STJ declaró abstracto el amparo que había presentado el defensor general Maximiliano Benítez contra el paro de 48 horas dispuesto por tres gremios docentes. ¿La Justicia puede “fallar” en un fallo?.

Mizawak (centro) junto a Benítez (derecha).

Foto: Mizawak (centro) junto a Benítez (derecha).

El defensor general Maximiliano Benítez, junto a la defensora de Pobres y Menores, Noelí Ballhorst, accionó contra la decisión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) que, disconformes con la falta de convocatoria para discutir salarios, habían dispuesto un paro de dos días a la vuelta del receso escolar de julio (27 y 28).

Un juez le había dado la razón a Benítez

La jueza de feria Cecilia Bértora hizo lugar a la cautelar que presentó el defensor Benítez, y ordenó a los gremios levantar el paro. A regañadientes, los sindicatos siguieron el mandato judicial y dejaron en suspenso la huelga.

Pero un juez, Pablo Barbirotto, a cargo del Juzgado Penal de Menores, tramitó el amparo y le dio la razón al defensor: dijo que el derecho a la educación prevalecía sobre el derecho de huelga, y les dijo a los sindicatos que debían evitar las medidas de fuerza, y someterse a la negociación con los alumnos en las aulas.

Amparo, abstracto

Agmer y Amet apelaron el fallo, y pidieron que el amparo fuera declarado abstracto: el paro se había suspendido y de nada valía avanzar con el amparo. Y así fue: la Sala Penal del STJ declaró abstracto el amparo, pero avanzó en consideraciones sobre el pronunciamiento de Barbirotto, quien, dictaminó el alto tribunal, se había extralimitado en su dictamen.

El voto del vocal Carlos Chiara Díaz apeló a la fundamentación redactada durante la administración del exgobernador Sergio Montiel, cuando el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero, y el extitular del Consejo de Educación, Celomar Argachá, presentaron un amparo contra los sindicatos docentes. Entonces, la Sala Penal falló contra el Gobierno.

El fallo de ahora de la Sala Penal se explaya copiando y pegando aquella sentencia, en la que el accionante era el Poder Ejecutivo, pero para declarar nulo un amparo en el que esta vez no intervino el Gobierno, sino el Poder Judicial, a través del defensor general.

En su voto, Chiara Díaz sostiene que “debe quedar en claro que no puede pretenderse desde organismos del estado que se los acepte como actores en acciones de amparo tendientes a conseguir que sean los jueces y tribunales del Poder Judicial quienes ordenen y logren el cese de una medida de fuerza de los gremios docentes que reivindican derechos protegidos en las Constituciones de la Nación y de la Provincia, siendo ello de competencia de los poderes políticos”.

Reproche

El reproche del juez es al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no accionó contra el paro docente, sino que fue un miembro del Poder Judicial, el defensor de menores, Maximiliano Benítez.

Se podrá decir que Benítez fue nombrado por el Ejecutivo en ese cargo, pero está por fuera de ese poder: pertenece a la Justicia.

La discusión en torno a si el paro afecta o no el derecho a la educación quedó saldado con ese fallo de la Sala Penal, aunque la argumentación que se utilizó podría resultar discutible, y de hecho lo es en Tribunales.

De igual modo, el fallo está. Y sea cual fuere el argumento, el camino judicial al Ejecutivo, así, le quedó vedado para enfrentar un paro docente.

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