A software regalado no se le mira el autor.

Mediante un extraño contrato, el Director de Secundaria, Sergio Altamirano, le provee al CGE, organismo del que es funcionario, un programa informático para el seguimiento de las escuelas estatales que de él dependen.

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Un informe del sitio Entre Ríos Ahora saca a la luz el texto de la resolución Nº 3.605, del 12 de septiembre de 2014, hasta ahora casi desconocido. Es una resolución firmada por la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Vallori, y los tres vocales políticos, Joel Spizer, Héctor de la Fuente y Blanca Rossi.

Y aprueba un contrato de uso de software firmado nada menos que entre el CGE y un funcionario del propio organismo, el director de Educación Secundaria, Sergio Paul Altamirano.

Aunque se trata de un “contrato de uso gratuito de software” aportado por el funcionario, hay quienes siembran una serie de dudas sobre ese acuerdo: se trata de un programa para realizar un seguimiento de las escuelas de nivel secundario, nada más, y las de la órbita estatal, de modo que quedan afuera las primarias, las de nivel superior y las públicas de gestión privada.

¿Por qué el Educación firma un contrato de compra de software con un funcionario de Educación? ¿Por qué Educación pretende hacer un seguimiento de las escuelas secundarias estatales y deja afuera a las privadas? ¿Por qué se aplica un software aportado por un funcionario cuando hay un sistema aportado por la Nación que ya está en marcha, que empezó para hacer un seguimiento de los cargos docentes y luego se amplió para aportar otros datos del sistema?

Esas dudas, y otras más, aportó una exfuncionaria de Educación, que contó: “Este contrato se contrapone y se superpone con el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), que funciona desde el 2005, un sistema al que gradualmente se fueron incorporando mayor cantidad de información del sistema educativo: docentes, alumnos, edificios, altas y bajas para liquidaciones, tanto de gestión estatal y privada, etcétera”.

Y agregó dudas: “Las dudas que se me presentan –y no tengo información legal para afirmar que sea efectivamente así– es referida a las consecuencias del contrato. Es decir, si a futuro el funcionario (el director de Educación) puede solicitar fondos por la propiedad intelectual del APS que se instaló sólo en secundaria estatal”.

El contrato que firmó Educación con el director de Educación Secundaria establece que “el profesor Altamirano licencia al Consejo General de Educación para el uso gratuito del programa informático denominado APS Educativo, el que se caracteriza por ser un software de organización y gestión, destinado a registrar, organizar, sistematizar, exportar e imprimir variables e indicadores educativos de cada institución, para ser utilizado por los establecimientos educativos de nivel secundario de gestión estatal”.

El contrato establece que el titular de Educación Secundaria “se compromete a proporcionar en forma gratuita al licenciatario (Educación) la página web y la clave de acceso individual para todos aquellos usuarios autorizados por el licenciatario, quien deberá suministrar los datos actualizados de cada una de las solicitudes, debiendo por su parte el licenciatario hacerse cargo de los costos que se deriven de la contratación y mantenimiento del hosting donde se aloja la página web”.

La cláusula segunda del contrato que firmó Educación con un funcionario del área establece que “la propiedad intelectual del programa informático licenciado es única y exclusivamente del licenciante”, es decir del director de Educación Secundaria. Y que la propiedad intelectual “abarca el programa informático, su código fuente y la estructura de su base de datos”.

Si el CGE en algún momento quiere ampliar el uso de ese sistema informático a otras áreas, como las escuelas secundarias de gestión privada, esa posibilidad le estará vedad a por cuanto en la cláusula tercera dice que está “expresamente prohibido al licenciatario la venta, préstamo o cesión por cualquier título del derecho de uso del programa informático licenciado, con la lógica excepción del uso por parte de los actores institucionales de cada una de las instituciones educativas comprendidas”, es decir las escuelas secundarias de la órbita estatal.

Una duda llamativa, gigante, se abre además: Educación firmó un contrato con el director de Educación Secundaria, para que éste aporte un software al Estado para el seguimiento de las escuelas secundarias, que dependen de ese funcionario.

Fuente: http://www.elentrerios.com

Entre Ríos Ahora.

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